El cierre de la empresa Rasic Hnos. -que comercializa los pollos Cresta Roja- está generando un fuerte grado de preocupación entre los principales funcionarios del Gobierno nacional a pocas semanas de las elecciones primarias del 9 de agosto.

De hecho, según contaron a La Política Online diversas fuentes oficiales, la propia presidenta Cristina Kirchner dio órdenes expresas a sus máximos colaboradores para que solucionen el problema de la empresa avícola cuanto antes.

Es que a Cristina no le cayó nada bien que se conozca ahora la noticia de que una de las principales compañías productoras de pollos del país cierra sus puertas dejando en la calle a 3500 empleados directos y afectando a otros 1500 trabajadores indirectos.

Por tal motivo -contra reloj- Carlos Tomada, Axel Kicillof y Augusto Cosata están estudiando una serie de propuestas para acercárselas a los dueños de la empresa que ya enviaron casi 700 telegramas de despidos y ofrecieron otros tantos retiros voluntarios.

Las fuentes consultadas contaron que en el entorno de Tomada evalúan ofrecerles a los propietarios de la firma líneas de créditos subsidiados para capital de trabajo a través del Banco Nación y asistencia económica para pagar los sueldos de los empleados.

Lo cierto es que, al parecer, ninguna de estas ofertas sería aceptada dado que la familia Rasic ya tendría tomada la decisión de retirarse del negocio producto de una larga crisis que ya lleva más de un año (en julio de 2014 se presentaron en concurso de acreedores).

La cuestión es que la desesperación del kirchnerismo es tal que se rumoreó que algunos funcionarios están buscando empresarios amigos del poder para que se hagan cargo de la empresa y, si es necesario, realicen una oferta formal de compra.

En este sentido, se habló, inclusive, de algunos contactos que tuvo el empresario K, Ider Peretti, para acercar gente que esté dispuesta a afrontar la crisis por la que atraviesa Cresta Roja y mantener los puestos de trabajo por lo menos hasta fin de año.

En diálogo con LPO, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), se mostró preocupado por el cierre de Cresta Roja, aunque aseguró que la situación de crisis no se está generalizando en el sector.

“Esto es un tema puntual por un manejo no adecuado de una empresa que no se traslada al resto”, afirmó el empresario. “La caída de las exportaciones a Venezuela nos afectó y por eso estamos reprogramando exitosamente envíos a otros destinos”, dijo Domenech.

“Arrancamos en el año 2003 con un consumo interno que se ubicó en 20 kilos por habitante por año; pasamos al 2014 con 42,5 kilos y pensamos terminar en 2017 en 47 kilos”, agregó el experimentado empresario tratando de llevar tranquilidad.

Como sea, lo cierto es que los trabajadores de Cresta Roja continuarán protestando y cortando varios carriles en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza hasta encontrar respuestas favorables a sus reclamos por parte del Gobierno nacional.

“Pedimos disculpas a la gente por las molestias que estamos ocasionando en Ezeiza, pero necesitamos mantener las fuentes de trabajo para darle de comer a nuestras familias”, señaló a LPO Julio Gramajo, empleado de Cresta Roja.

Una industria en rojo

En los primeros cinco meses de 2015 se declararon 36.863 toneladas de exportaciones de pollos por un valor total de u$s 60 millones, mientras que en el mismo período de 2014 se habían registrado 79.390 toneladas por u$s 162,9 millones.

Semejante caída -53% medida en volumen y 63% en divisas+ se explica por un derrumbe de colocaciones realizadas en Venezuela en el marco del programa “petróleo por alimentos”, según indica el sitio especializado valorsoja.com.

A diferencia de enero-mayo de 2014, cuando Venezuela representó un 70.4% de las exportaciones, en los primeros cinco meses de este año apenas captó un 15,5% del volumen declarado (en 2013 el sector alcanzó un pico de 500.000 toneladas exportadas).

Los principales mercados en enero-mayo de 2015 fueron Arabia Saudita (17.7%), Chile (15.9%), Yemen (6.4%), Reino Unido (5.2%), Qatar (4.7%) y Omán (3.3%), entre otras. “Los cambios en el mundo son permanentes y continuos”, justifican los empresarios.

En este contexto, cabe destacar que el sector pollero está concentrado en un puñado de 30 firmas nucleadas en el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) que conduce Domenech, un hombre con muy buenos lazos con el Gobierno.

El favoritismo que tuvieron tanto Néstor como Cristina Kirchner con este sector fue claro. En el periodo 2007/2010 los frigoríficos avícolas fueron los más beneficiados por el viejo sistema de compensaciones, envuelto en escandalosos casos de corrupción.

Así, las empresas polleras recibieron en subsidios unos $ 2100 millones por parte de la disuelta ONCCA con el propósito de mantener estable la “mesa de los argentinos”, mientras los precios internos siguieron aumentando al ritmo de la inflación real.

Pero el sector avícola no solo recibió compensaciones millonarias, sino que también obtiene subsidios indirectos. De hecho, la intervención al maíz (retenciones + trabas) logra que las firmas adquirieran el grano a un precio muy por debajo del valor real.

Además, la carne aviar casi no tiene retenciones al contar con un derecho de exportación del 5% y un reintegro del 3,4% (apenas 1,6%). En cambio, a la carne vacuna, por ejemplo, el Gobierno le aplica una retención del 15%.